2011 el 15/06/2010 - 00:39 nos informa:

No Mas Corruptos: URBASER UN NEGOCIO MUY SUCIO ( BASURAS)

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Los dos imputados, que fueron detenidos a principios de esta semana en Madrid, tendrán la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Con la imputación al director de Servicios Internacionales de Urbaser, Santiago Alonso Herreros, y al director general de Servicios de dicha compañía de limpieza y recogida de residuos sólidos y urbanos, Manuel Andrés, se eleva a al menos 27 el número de implicados en la 'Operación Jable', tercera fase de la 'Operación Unión'.

Por su parte, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó el pasado 3 de junio libertad provisional sin fianza para el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), Antonio Machín, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), imputado por un presunto delito de cohecho.

Con anterioridad, el pasado 21 de mayo fue puesta en libertad la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, mientras que el día 28 de mayo quedó también libre el empresario y gerente de la empresa Urbaser (que se encarga de la limpieza de la ciudad), Jacinto Álvarez. Por su parte, aún permanece en prisión el técnico del Ayuntamiento Rafael Arrocha.

En total, el número de arrestos efectuados en el marco de la bautizada como 'Operación Jable' --tercera fase del 'Caso Unión'-- suma un total de 27, contando ya a los dos detenidos de esta semana.

Entre ellos se encuentran empresarios, como el andaluz José María Rosell, así como representantes políticos, tales como el histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín --arrestado en prisión--, la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual consejera de Recursos Humanos en la corporación insular, María José Docal, la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y el abogado Francisco Rodríguez-Batllori (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara regional.

Las detenciones y registros se han realizado tanto en Lanzarote, como en Gran Canaria, Madrid y Almería.

TRES FASES

La 'Operación Jable', sobre presunto cobro de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote para conseguir la adjudicación de contratos para las obras y servicios que se realizaban en la isla, salió a la luz pública el 19 de abril cuando comenzó la primera fase del operativo con la detención de ocho personas.

La segunda fase aconteció el 23 de abril con el arresto de otras siete personas y, posteriormente con el arresto de Dimas Martín.

La tercera y última fase arrancó el 27 de abril con otros ocho arrestados y se elevó hasta un total de 25 con la detención del empresario Juan Francisco Rosa, según precisaron las mismas fuentes.

La investigación que llevan a cabo agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO ha permitido "poner al descubierto un complejo e importante entramado" de corrupción, asentado en "varias" instituciones de la isla de Lanzarote, según informó la Benemérita.

TESTAFERROS

Así, la investigación ha puesto de manifiesto que a través de un "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.

Por otra parte, la trama está también relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

"LA TRAMA ORGANIZADA MÁS IMPORTANTE" DE LA ISLA

De este modo, la 'Operación Jable' comenzó el 19 de abril cuando agentes de la Guardia Civil registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del presunto entramado de corrupción.

La investigación ha permitido desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Benemérita en un comunicado.

Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.